Cara o cruz, una de dos. La poderosa maquinaria de Hacienda no es precisamente infalible a la hora de demostrar ante la justicia que sus actuaciones sobre los contribuyentes están plenamente ajustadas a Derecho. Lo dicen con frialdad las cifras: la mitad de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos -en concreto, el 49,7%- son estimadas por los tribunales, ya sean los ordinarios de justicia o los económicos administrativos (TEA), especializados en la materia pero desconocidos para el gran público. El pagano de esta situación vuelve a ser el ciudadano, en la medida que se agrava el descenso en la recaudación necesaria para no hacer más ajustes, ya provocado tanto por la crisis como por la «ineficacia» en la lucha contra el fraude. Así, al menos, lo denunció este martes el colectivo de técnicos de Hacienda (Gestha), que ha tomado como base la propia Memoria Anual de los TEA y habla de «voracidad tributaria» por parte de las Administraciones Públicas.
Según sus cuentas, desde 2007 se ha incrementado un 88% la deuda pendiente de cobro por parte de Hacienda hasta superar los 50.000 millones de euros en la actualidad. Desde la Agencia Tributaria, poco proclive a facilitar este tipo de datos que proporciona siempre con bastante desfase temporal, reducen a 25.200 millones de euros los derechos reconocidos no cobrados que corresponden a deudas impugnadas en los tribunales. Hablamos de cifras al cierre de 2012, y con un incremento acumulado del 25% desde 2010.
El Tribunal de Cuentas maneja otra cifra, más cercana a los cálculos de Gestha: 48.674 millones de euros también a finales de 2012 -la Agencia Tributaria aún no ha presentado la Memoria de 2013-, casi un 30% más que tres años antes. Esa suma, no obstante, incluye la deuda concursal sobre la que Hacienda no tiene capacidad de gestión. Y del total, el órgano contable estima que apenas se cobra una cuarta parte, en torno a 10.500 millones.
Una cifra similar -casi 11.000 millones, es decir, el 22% de la deuda pendiente de cobro- se encuentra paralizada a día de hoy, en la medida que su suerte final -si habrán de pagarse al fisco o quedarán en el bolsillo de particulares y empresas- está todavía en manos de los tribunales. Gestha señala que el aumento de la litigiosidad que se viene registrando desde 2008 «ha desembocado en un atasco» de los tribunales económicos a administrativos.
«Desde hace 14 años -denuncian- se cuenta prácticamente con el mismo número de ponentes técnicos -el Ministerio ha aprobado un plan para aumentar su número un 29%, aunque el citado colectivo cree que al venir de la Agencia puede quedar en entredicho la independencia de los TEA- e inspectores de Hacienda para resolver las reclamaciones». La evolución desde 2004 de las reclamaciones ha sido de subidas casi constantes -sólo en 2007 registró un pequeño descenso-, hasta alcanzar los 223.417 pleitos tributarios que entraron en los TEA durante 2012 (último ejercicio contabilizado). En las resoluciones, sin embargo, los altibajos han sido la nota casi predominante, hasta alcanzar en dicho año un tope de 190.374.
El problema es que eso implicó que quedaron más de 33.000 asuntos sin resolver. Es la cifra más alta desde finales del siglo pasado, si exceptuamos los 34.500 casos que se dejaron pendientes en 2010. La consecuencia última es que a finales de 2012 se acumulaban un total de 250.610 reclamaciones sin sentencia en los tribunales. Eso puede explicar que los ingresos por deuda tributaria en litigio se hayan reducido a apenas un tercio en 2013, al caer de 1.412 a sólo 463 millones. Ese «descalabro» -como lo tachan desde Gestha- también tiene mucho que ver con el hecho de que Hacienda pierda casi la mitad de los pleitos (el 49,7%), siendo los tribunales económicos los más propensos a dar la razón a los contribuyentes. Los técnicos del fisco calculan que las Administraciones dejan de recaudar ahora en torno a 1.038 millones de euros cada ejercicio.
También varía el número de reclamaciones estimadas en función del órgano contra el que se interpone la demanda. Así, según la estadística que manejan los TEA -donde las quejas aceptadas suponen el 44,3% del total-, el nivel de éxito más alto se logra contra las comunidades autónomas, a las que los contribuyentes ganan dos de cada tres pleitos entablados (65,9%), mientras que al Ministerio de Hacienda se le vence solamente en una de cada cuatro ocasiones (26,4%). Y si el enfrentamiento es con la Agencia Tributaria, la posibilidad de salir triunfante es del 37,7%, frente al 28,5% de las veces que se logra en las liquidaciones de los Ayuntamientos.
La principal vía para una reclamación tributaria son los tribunales económico-administrativos (TEA). Aunque no pertenecen al Poder Judicial -pese a que su nombre indique lo contrario, son un órgano más de la Administración-, resultan la vía más efectiva para el contribuyente, amén de que sus resoluciones suelen ser refrendadas en la vía judicial contenciosa. Están integrados, sobre todo, por inspectores de Hacienda y, además, cuentan con delegaciones regionales. De hecho, es allí donde llegan los casos de menos de 150.000 euros o que afectan a decisiones de comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos. Las superiores, de las grandes empresas, van a un tribunal económico central (TEAC).