El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley para fomentar el trabajo autónomo y la economía social e impulsar el emprendimiento.
Una de las razones principales por las que el gobierno crea esta ley es para actualizar la normativa actual en materia de autoempleo y se estima que puede crear 550.000 puestos de trabajo hasta 2019.
Respecto a la economía social y a los autónomos, el texto recopila los diferentes incentivos que estaban dispersos en diversas normas, además de ampliar algunos ya existentes y crear nuevas medidas que impulsen el autoempleo.
También se amplía la Tarifa Plana de cotización para autónomos, fijando la cuantía de la cuota de la Seguridad Social por contingencias comunes en 50 euros exactos durante 6 meses, también se amplía a autónomos que inician la actividad por cuenta propia y que posteriormente contraten trabajadores por cuenta ajena. Además, la Tarifa Plana Especialmente Protegida estará disponible para las víctimas de terrorismo y de violencia de género. Para personas discapacitadas, la reducción se amplía a 12 meses.
Otro texto que se ve modificado es el de la Segunda Oportunidad, que permite independientemente de la edad del solicitante poder capitalizar el 100% de su prestación de desempleo para usarlo como inversión de los gastos para establecerse por cuenta propia.
Los mayores de 30 años podrán compatibilizar un máximo de 270 días la prestación por desempleo y el régimen como autónomo (hasta ahora limitan a menores de 30 años).
Si como autónomo, tus ingresos dependen al menos el 75% de una única empresa o cliente, podrás contratar un trabajador en determinadas circunstancias relacionadas con la conciliación familiar, evitando así problemas en los contratos, que actualmente se pueden romper si una maternidad o una paternidad afecta al cliente. También se amplían los incentivos para familiares colaboradores con una bonificación de la Seguridad Social.
Por último, este texto amplía las bonificaciones a entidades que formen parte de la Economías Social, que beneficia tanto a empresas que contraten a discapacitados como aquellos Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción, que se les reconoce como servicios de interés económico general, permitiéndoles ampliar hasta 500.000 € sus subvenciones, entre otras mejoras que pretenden mejorar la economía social de nuestro país.